Incertidumbre
y contradicciones: Un Análisis exhaustivo del panorama político costarricense rumbo
a las elecciones de 2026

Por: Elliot Coen

A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales de febrero de
2026, el panorama político costarricense se caracteriza por una profunda
incertidumbre y una serie de contradicciones que definen el sentir del
electorado. Mi columna de hoy, está basada en la más reciente encuesta del
Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa
Rica (UCR) que revela un escenario marcado por una abrumadora mayoría de
votantes indecisos, que constituyen la principal fuerza electoral del país.

Esta indecisión se enmarca en un contexto de fragmentación partidaria
sin precedentes y una notable desconexión entre la sólida aprobación personal
del presidente Rodrigo Chaves y el limitado apoyo a su movimiento político y su
candidata designada. 

La agenda pública ha sido redefinida por una creciente preocupación por
la inseguridad y la delincuencia, que se consolida como el principal problema
nacional para casi la mitad de la población.

Este clima de descontento y volatilidad crea un entorno electoral
impredecible, donde cualquier resultado es posible y la capacidad de los
candidatos para conectar con las ansiedades ciudadanas en los meses finales
será decisiva. 

La encuesta se completaron 1,003 entrevistas a personas mayores de 18
años, logrando una cobertura del 97.5% de la población nacional con acceso a
telefonía celular, presentando un margen de error máximo de ±3 puntos
porcentuales, calculado con un 95% de nivel de confianza. 

El humor social: Inseguridad y desconfianza
marcan la Agenda Pública

El análisis del humor social revela
un cambio sísmico en las prioridades del electorado costarricense. La creciente
preocupación por la inseguridad se ha consolidado como el principal motor del
descontento ciudadano, eclipsando temas económicos que tradicionalmente
dominaban la agenda pública.

Esta ansiedad no solo redefine el
campo de batalla para la campaña electoral de 2026, sino que también alimenta
una profunda crisis de confianza en la capacidad de las instituciones para
garantizar el bienestar de la población.

La inseguridad y la delincuencia son percibidas como el principal
problema del país por un 45% de la población, la cifra más alta registrada
hasta la fecha en las mediciones del CIEP. Este dato relega a un segundo plano
a otras preocupaciones significativas como la corrupción (15.5%), el costo de
vida y la inflación (6.9%), el desempleo (5.5%) y la mala gestión del gobierno
(5.2%). 

Esta percepción se alinea con informes que documentan un deterioro
objetivo de la seguridad, incluyendo un aumento en la tasa de homicidios y la
expansión de la violencia asociada al crimen organizado, con un impacto
particularmente agudo en las zonas costeras y territorios con mayor rezago
social.

Esta preocupación dominante se ve agravada por una marcada desconfianza
en la capacidad del Poder Ejecutivo para enfrentar el desafío. Un contundente
70% de la población manifiesta tener poca o ninguna confianza en la habilidad
del gobierno actual para resolver el principal problema del país.

Esta brecha entre la principal demanda ciudadana y la percepción de
ineficacia gubernamental representa una vulnerabilidad estratégica para el
oficialismo de cara a las elecciones. 

Tabla
1: Principales Preocupaciones de la Ciudadanía (Septiembre 2025) 

La prominencia de la inseguridad no
es solo una estadística; representa un potencial catalizador para un voto de
castigo. A pesar de la popularidad personal del presidente, su administración
es evaluada como deficiente en el tema que más importa a los votantes.

Históricamente, cuando un asunto
alcanza este nivel de relevancia y el gobierno en funciones es percibido como
incapaz de gestionarlo, se crea una oportunidad estratégica para la oposición.
El desafío para las fuerzas no oficialistas radicará en su capacidad para
articular una propuesta de seguridad que sea percibida como creíble y eficaz,
llenando el vacío de confianza dejado por la administración actual.

En un nivel más profundo, la consolidación de la inseguridad como la
principal preocupación nacional desafía el núcleo de la identidad
costarricense, tradicionalmente asociada a la paz y la estabilidad en una
región convulsa. 

Este fenómeno, que erosiona la noción del “excepcionalismo”
costarricense, puede explicar en parte la creciente desafección ciudadana hacia
la democracia y los partidos tradicionales, como lo señalan diversos estudios
sobre la cultura política del país. 

Esta ansiedad podría generar una mayor receptividad a discursos de
“mano dura” o a liderazgos que prometan soluciones drásticas, un
patrón observado en otras latitudes de la región que enfrentan crisis de
seguridad similares. 

La paradoja de Chaves: popularidad personalista
vs. desgaste del oficialismo

El escenario político actual está
definido por una notable paradoja: la sólida y sostenida popularidad personal
del presidente Rodrigo Chaves coexiste con una incapacidad de su movimiento
político para capitalizar dicho apoyo. El análisis de los datos sugiere que el
“chavismo” se manifiesta como un fenómeno personalista, cuyo capital
político no ha logrado institucionalizarse ni transferirse de manera efectiva a
su partido o a su candidata sucesora.

El presidente Chaves mantiene un nivel de aprobación del 52%, una cifra
que supera a la de todos sus predecesores en el mismo punto de su mandato. Sin embargo, este respaldo no se
traduce en un apoyo equivalente para el oficialismo. La candidata del Partido
Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, apenas alcanza un 12% de la intención
de voto total, lo que significa que menos de una de cada cuatro personas que
aprueban la gestión del presidente tiene la intención de votar por su
candidata. 

Esta desconexión se refleja en las respuestas contradictorias del
electorado. Mientras que un 57% considera que “el gobierno actual merece
seguir en el poder”, un abrumador 75% también afirma que “tuvo tiempo
de hacer cosas y no las hizo”, y un 62% prefiere que “otro partido,
diferente al actual, llegue al poder”.

Esta disonancia cognitiva revela que el apoyo a Chaves es una adhesión a
su figura como agente de ruptura contra el establishment, más
que un respaldo a su gestión o a su proyecto político. Esto lo he venido
señalando tiempo atrás pero, los políticos tradicionales, no terminan de
aceptarlo porque implica aceptar su responsabilidad de sus administraciones
pasadas en este descontento ciudadano. 

El perfil sociodemográfico de quienes apoyan al presidente refuerza esta
interpretación. Su base de apoyo es más fuerte entre hombres de 35 a 54 años,
con niveles educativos de primaria y secundaria, y con una concentración
geográfica fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), particularmente en las
provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón. 

Este perfil sugiere un electorado que se siente desconectado de los
centros de poder tradicionales y que encontró en Chaves un vehículo para
expresar su descontento. 

El voto que llevó a Chaves al poder y que mantiene su popularidad no es
un cheque en blanco para su movimiento. Es un voto fundamentalmente
anti-sistema, dirigido contra lo que se percibe como la clase política
tradicional, los partidos históricos y los medios de comunicación. 

No obstante, este respaldo no implica una lealtad ideológica
incondicional ni una transferencia automática de apoyo a su sucesora. La alta
volatilidad de este segmento del electorado implica que su voto podría migrar
hacia cualquier otra figura que encarne una ruptura similar, en lugar de
consolidarse detrás de la candidata oficialista. 

Este escenario pone de manifiesto el riesgo inherente a los movimientos
personalistas. La popularidad del “chavismo” está intrínsecamente
ligada a la persona de Rodrigo Chaves, no a la marca institucional de los
partidos que lo han respaldado, como el Partido Progreso Social Democrático
(PPSD) o el nuevo PPSO. 

La historia política regional demuestra consistentemente la dificultad
de los líderes carismáticos para transferir su capital político. La baja
intención de voto de Laura Fernández es una clara evidencia de este desafío. 

Por lo tanto, el principal obstáculo para el oficialismo de cara a 2026
no parece ser la oposición, sino su propia incapacidad estructural para
institucionalizar un movimiento que, hasta ahora, depende exclusivamente de la
figura de su líder. 

Intención de voto presidencial: un escenario
fragmentado sin un favorito claro

El panorama de la intención de voto
para las elecciones presidenciales de 2026 se define por una atomización sin
precedentes, donde ninguna candidatura logra consolidar un apoyo mayoritario.
La fuerza electoral dominante es, sin lugar a dudas, la indecisión, que sumada
a la opción “ninguno de ellos”, revela un electorado profundamente
insatisfecho y en busca de alternativas.

Según los datos de la encuesta, un masivo 57% de los votantes aún no ha
decidido por quién votará, lo que convierte a los indecisos en el bloque más
grande y decisivo del electorado. 

Entre los decididos, la candidata oficialista Laura Fernández (PPSO)
encabeza las preferencias con un 12% del total, seguida por Álvaro Ramos del
Partido Liberación Nacional (PLN) con un 6%, y Ariel Robles del Frente Amplio
(FA) con un 5%. Ningún otro aspirante supera el margen de error del 3%,
incluyendo figuras como Claudia Dobles (PAC), Fabricio Alvarado (Nueva
República) y Eliécer Feinzaig (PLP), quienes registran apoyos del 2% o menos. 

Es de destacar que un 7% del electorado manifiesta su intención de votar
por el propio presidente Rodrigo Chaves, una opción constitucionalmente
inviable que subraya la naturaleza personalista de su apoyo. 

Tabla
2: Intención de Voto para la Presidencia (Septiembre 2025)

El análisis detallado de los datos
brutos permite trazar perfiles demográficos de los nichos de apoyo para las
principales figuras y, de manera crucial, para el grupo que rechaza todas las
opciones presentadas.

El perfil del votante de Álvaro Ramos se
concentra en el Gran Área Metropolitana (GAM), con un 44.1% de su apoyo
proveniente de San José. Su base es ligeramente más femenina (52.9%) y se
inclina hacia el segmento de 36 a 64 años (47.1%). Notablemente, su mayor
fortaleza reside en el electorado con estudios universitarios, donde concentra
casi el 60% de su respaldo, perfilándose como un candidato con fuerte arraigo
en sectores urbanos y educados.

El
perfil del votante de Claudia
Dobles, con un 2% de apoyo, muestra una base electoral incipiente pero con
características definidas. Su respaldo, aunque minoritario, se concentra en la
Gran Área Metropolitana, con un 40% de sus votantes en San José. Su apoyo
proviene mayoritariamente del segmento de 36 a 64 años y de votantes con
niveles educativos medios y altos. 

El perfil del votante del grupo que opta por “Ninguno de
ellos” es el más revelador. Representa un 33.4% de los encuestados que sí
expresaron una preferencia. Este electorado es predominantemente masculino
(54.1%), de edad media (49.2%) y con niveles educativos de secundaria o
inferiores (55.2%). Su distribución geográfica es más amplia, con una presencia
significativa fuera del GAM, especialmente en Alajuela y Limón. 

Este perfil se asemeja en varios aspectos al del votante que apoya al
presidente Chaves, lo que sugiere que una parte importante del electorado
anti-sistema no ve en la candidata oficialista una opción atractiva,
manteniendo su voto en un estado de latencia a la espera de una alternativa que
los convenza. 

Este escenario de volatilidad no es una anomalía, sino la consolidación
de una tendencia de desalineamiento partidario que ha caracterizado la política
costarricense en la última década. 

El propio presidente Chaves, que en septiembre de 2021 contaba con
apenas un 2% de apoyo, logró una victoria contundente meses después. 

Esto demuestra que las encuestas actuales son una fotografía de un
terreno político inestable y no un pronóstico definitivo. La capacidad de los
candidatos para movilizar a los indecisos y atraer al votante descontento en
los meses finales de la campaña será, por tanto, el factor determinante del
resultado electoral. 

La futura Asamblea Legislativa: proyecciones
de una mayor fragmentación

La crisis de representación y la apatía ciudadana se manifiestan de
forma aún más aguda en el panorama legislativo. Con un nivel de indecisión que
alcanza un asombroso 70%, las proyecciones apuntan hacia una Asamblea
Legislativa extremadamente fragmentada para el período 2026-2030. 

Esta atomización del poder legislativo anticipa serios desafíos para la
gobernabilidad, independientemente de quién ocupe la presidencia, y amenaza con
intensificar el conflicto institucional que ya ha caracterizado el entorno
político reciente. 

Los datos de intención de voto para diputados revelan la debilidad de
todas las estructuras partidarias. Ningún partido logra superar el umbral del
10% de apoyo. El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Frente Amplio
(FA) lideran con un exiguo 7% cada uno. Les siguen de cerca el Partido
Liberación Nacional (PLN) y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD),
ambos con un 5% de las preferencias. 

Tabla
3: Intención de Voto para Diputaciones (Septiembre 2025) 

La comparación entre la intención de
voto presidencial y la legislativa evidencia un creciente divorcio en la
decisión del electorado. Los partidos políticos reciben consistentemente un
apoyo menor que sus candidatos presidenciales. Por ejemplo, mientras Laura
Fernández obtiene un 12% de respaldo, su partido, el PPSO, solo alcanza el 7%.
De manera similar, Álvaro Ramos del PLN capta un 6% del voto presidencial, pero
su partido se queda en un 5% para la Asamblea.

Este fenómeno de “voto
cruzado” indica que los votantes diferencian cada vez más entre la
elección del poder ejecutivo y la del legislativo. La consecuencia directa es
que el próximo presidente, incluso si logra una victoria clara, probablemente
carecerá de una bancada legislativa sólida que respalde su agenda.

Esta disociación entre el mandato
presidencial y la composición del Congreso agudiza los desafíos de
gobernabilidad, haciendo prever un período de negociaciones constantes,
posibles bloqueos legislativos y una intensificación del conflicto entre
poderes, lo que podría llevar a la parálisis institucional en un momento en que
el país demanda soluciones urgentes a problemas complejos como la inseguridad.

Perfiles de los candidatos y plataformas
partidarias: un vistazo a las opciones

Para interpretar adecuadamente los
datos cuantitativos de la encuesta, es fundamental comprender el perfil de los
principales actores políticos y las plataformas ideológicas que representan. El
actual escenario electoral está poblado por una mezcla de figuras
tecnocráticas, líderes de movimientos ideológicos consolidados y representantes
del oficialismo, cada uno compitiendo por atraer a un electorado fragmentado y
descontento.

• Álvaro
  Ramos (PLN):
  Economista con un doctorado de la Universidad de California en Berkeley y
  una destacada carrera técnica, fue Superintendente de Pensiones y
  Viceministro de Hacienda.  Su
  nombramiento y posterior destitución de la presidencia ejecutiva de la
  Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por el presidente Chaves lo
  posicionó como una figura de oposición con experiencia de gestión. Representa al ala más
  tecnocrática y moderada del Partido Liberación Nacional (PLN), cuya
  plataforma tradicionalmente defiende el estado social de derecho y un
  modelo de desarrollo basado en la justicia social y la solidaridad. Su candidatura, ganadora en
  la convención interna del PLN, apela a un electorado que valora la
  preparación académica y la experiencia en la administración pública.
  Arrastra el peso de un partido desgastado y de una candidatura “impuesta”
  por la “cúpula corrupta del PLN”
• Laura
  Fernández (PPSO):
  Como candidata del movimiento oficialista, su principal activo político es
  la promesa de dar continuidad al proyecto del presidente Chaves. Su
  desafío fundamental consiste en lograr que el masivo apoyo personalista
  del mandatario se transfiera a su candidatura, una tarea que, según la
  encuesta, resulta compleja.
• Ariel
  Robles (FA):
  Docente de profesión y actual diputado, Robles se ha consolidado como una
  de las voces más visibles de la izquierda progresista en la Asamblea
  Legislativa.
  Su
  plataforma, en línea con los principios del Frente Amplio (FA), se centra
  en la justicia social, el feminismo, el ecologismo y la defensa de los
  derechos humanos, presentándose como una alternativa al modelo neoliberal.
  Su candidatura se enfrenta a un electorado costarricense que aún no está
  dispuesto a votar por una izquierda, “muy de izquierda”.
• Eli
  Feinzag (PLP):
  Economista y diputado, Feinzaig es el fundador y líder del Partido Liberal
  Progresista (PLP). Su plataforma se adhiere al liberalismo clásico,
  abogando por la economía de mercado, un estado reducido y eficiente, y la
  defensa de las libertades individuales. En el ámbito social, su partido apoya el
  matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana, buscando atraer
  a un electorado que combina el liberalismo económico con posturas
  socialmente progresistas. Sin embargo, su regular desempeño como diputado
  le pasará factura en las próximas elecciones.
• Claudia
  Dobles (CAC):
  Arquitecta y ex Primera Dama (2018-2022), se presenta como candidata de la
  coalición Agenda Ciudadana, que incluye al Partido Acción Ciudadana (PAC)
  y el Partido Acción Demócrata Nacional (ADN). Con una sólida formación en
  arquitectura y urbanismo, su plataforma se asocia con la continuidad de
  las políticas progresistas de la administración Alvarado Quesada, con un
  enfoque en la modernización del transporte, la movilidad eléctrica y el
  ordenamiento territorial. Una candidatura percibida como seria que arrastra
  una doble marca complicada: PAC y la Administración Alvarado Quesada.
• Fabricio
  Alvarado (Nueva República): Periodista, cantante cristiano y político conservador, fue
  candidato presidencial en 2018 y 2022. Su partido, Nueva República, defiende una
  plataforma basada en valores cristianos, la protección de la vida y la
  familia, y una postura de derecha en lo social y económico. Cuenta con un
  voto duro consolidado pero que le costará retener en este panorama actual.
• Juan
  Carlos Hidalgo (PUSC):
  Como candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), busca
  revitalizar una de las fuerzas políticas tradicionales del país, que se
  inspira en los principios del humanismo cristiano y el estado social de
  derecho, sin embargo la escucha social que realizamos nos indica que el
  voto duro del PUSC no lo ve encarnando esos valores sino los propios del
  neoliberalismo.
• Natalia
  Díaz (Unidos Podemos):
  Exministra de la Presidencia en la administración Chaves y exdiputada por
  el Movimiento Libertario, Díaz representa una corriente liberal que busca
  consolidarse a través de su nuevo partido, Unidos Podemos. Ella, goza de
  una oportunidad que no tienen los otros candidatos citados que son las
  pocas opiniones negativas hacia su figura pública contrariamente a Ramos y
  Feinzag que son quienes tienen más “anticuerpos” en el electorado
  costarricense. 

La encuesta revela que no existe una figura o partido que el electorado
identifique de manera unívoca como la principal fuerza de oposición al gobierno
de Chaves. La Asamblea Legislativa, el PLN y el
FA son mencionados, pero ninguno logra aglutinar el descontento.

Esta fragmentación ideológica de la oposición, que abarca desde la
izquierda progresista de Robles hasta el liberalismo de Feinzag y el centro
tradicional de Ramos, impide la formación de un frente común. Esta división del
voto anti-oficialista beneficia estratégicamente al gobierno, al permitirle
confrontar a múltiples adversarios divididos en lugar de a un único polo
opositor consolidado. 

Conclusiones y perspectivas estratégicas

El análisis de la encuesta del
CIEP-UCR de septiembre de 2025 dibuja un panorama político costarricense de una
complejidad y una volatilidad sin precedentes.

Las elecciones de 2026 se perfilan
como las más impredecibles de la historia reciente, marcadas por un electorado
profundamente indeciso, ansioso por la crisis de seguridad y desilusionado con
las estructuras partidarias tradicionales. La campaña electoral no será una
contienda de lealtades ideológicas, sino una batalla por la capacidad de
conectar con las emociones y las prioridades de una ciudadanía que tomará su
decisión, en gran medida, en las últimas semanas.

Las implicaciones estratégicas para
los principales actores políticos son claras y definitorias:

• Para
  el oficialismo: El
  desafío fundamental es trascender el personalismo. La estrategia no puede
  basarse únicamente en el endoso del presidente Chaves. Es imperativo
  construir una narrativa propia para su candidata, Laura Fernández, que
  logre convertir el apoyo a la figura del presidente en un voto
  institucional por su movimiento. Fracasar en este intento significará la
  disipación de un capital político que, hasta ahora, ha demostrado ser
  intransferible.
• Para
  la oposición tradicional (PLN, PUSC y otros): El reto es doble y simultáneo. Primero, deben
  encontrar una forma de consolidar un bloque de votantes de centro que
  actualmente se encuentra fragmentado entre múltiples opciones con perfiles
  similares. La canibalización del voto urbano y educado es su mayor riesgo
  estratégico. Segundo, y más importante, deben presentar una propuesta en
  materia de seguridad que sea contundente, creíble y que ofrezca un
  contraste claro con la gestión actual. La simple crítica no será
  suficiente; se requiere una visión de Estado que inspire confianza en su
  capacidad para restaurar el orden.
• Para
  candidatos emergentes y fuerzas ideológicas (CAC, FA, PLP, JP,etc.): La masiva indecisión y la
  debilidad de los partidos tradicionales abren una ventana de oportunidad
  histórica. Figuras que logren capturar el sentimiento anti-establishment y
  ofrezcan soluciones claras y directas a la crisis de seguridad podrían
  experimentar un crecimiento exponencial, similar al que llevó a Chaves al
  poder. Estas figuras emergentes no deberían de venir del mismo stablishment
  como algunos pretenden para atender los problemas de seguridad ya que su
  credibilidad está muy disminuida. Para el Frente Amplio, el reto es
  ampliar su base más allá de su nicho ideológico; para el Partido Juntos
  Podemos, es demostrar que su agenda y el liderazgo de Natalia Diaz puede
  coexistir con una política de seguridad robusta. Para Claudia Dobles su
  desafió no es menor, pero no imposible ya que, ella, en si misma, al igual
  que Natalia Díaz, gozan de una reputación política propia y positiva y sus
  marcas personales son conocidas a nivel nacional. Por ello, ellas, no
  tienen que “instalarse” en el mercado electoral, sino solo posicionarse
  según corresponda a sus estrategias de marketing político. 

Independientemente de quién resulte
victorioso en febrero de 2026, la próxima administración enfrentará un desafío
monumental de gobernabilidad. La previsible fragmentación de la Asamblea
Legislativa, combinada con una ciudadanía de bajas lealtades partidarias y
altas expectativas de soluciones inmediatas, creará un entorno propenso a la
parálisis y al conflicto institucional. La capacidad para forjar alianzas,
negociar y construir consensos será tan crucial como ganar la elección misma.

Costa Rica se encuentra en una
encrucijada, y la forma en que sus líderes y ciudadanos naveguen esta compleja
coyuntura definirá el rumbo del país en los años venideros.

Resumen y contexto