La reforma educativa de Milei reduce el rol del Estado y apuesta por el mercado y la familia
Argentina
El Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma estructural del sistema educativo argentino que plantea un cambio de paradigma: el Estado deja de ocupar un rol central y pasa a desempeñar una función subsidiaria, mientras se fortalece la autoridad de las familias y se habilita una mayor participación del sector privado.
El eje de la iniciativa es el proyecto de Ley de Libertad Educativa, ya presentado públicamente, que forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo busca impulsar en la segunda mitad del mandato presidencial, en un contexto político que el oficialismo considera favorable tras los recientes resultados electorales.
Entre los cambios más significativos, el proyecto redefine quiénes pueden enseñar, habilita formalmente la educación en el hogar —homeschooling— y propone un esquema de financiamiento que traslada los recursos públicos desde las instituciones hacia las familias. El objetivo declarado es que los padres elijan libremente la escuela de sus hijos, generando un sistema de competencia entre establecimientos para captar matrícula.
La reforma se concentra principalmente en los niveles obligatorios —inicial, primario y secundario—, aunque también introduce modificaciones en los mecanismos de financiamiento y evaluación de la educación superior. En sus primeros artículos, el texto consagra la “libertad educativa” como derecho individual y establece el “rol preferente de la familia” en la formación de los menores, mientras que asigna al Estado una función de garante, sin capacidad de sustituir la iniciativa privada o familiar.
Este enfoque se alinea con la visión ideológica del presidente, que prioriza al individuo y al mercado como organizadores centrales de la vida social. De aprobarse, la reforma supondría un giro profundo en un país donde la educación pública, gratuita y laica ha sido históricamente un pilar del Estado. Actualmente, más del 70% de los más de 11 millones de estudiantes argentinos asiste a escuelas públicas.
Especialistas advierten que la iniciativa tensiona principios constitucionales. Para Myriam Feldfeber, doctora en Educación y profesora de la Universidad de Buenos Aires, el proyecto debilita la obligación estatal de garantizar el derecho a la educación y altera las bases históricas del sistema educativo argentino. A su juicio, la reforma no aborda los problemas estructurales que hoy enfrenta el sector.
El corrimiento del Estado también implica una mayor autonomía para las escuelas. Tanto instituciones públicas como privadas podrían definir sus propios planes de estudio, respetando únicamente contenidos mínimos fijados a nivel nacional. Además, se crearían Consejos de Padres con atribuciones de supervisión institucional y participación directa en la designación y remoción de directivos.
Bajo el concepto de “formas alternativas de enseñanza”, el proyecto habilita la educación virtual y la educación en el hogar. En ambos casos, los estudiantes deberán rendir evaluaciones estandarizadas para acreditar saberes básicos. Según el pedagogo Mariano Echenique, esta desregulación favorece prácticas elitistas y convierte a la educación virtual en un negocio atractivo, aunque difícilmente sustituible en los niveles primario y secundario, donde la socialización presencial resulta clave.
Desde el ámbito académico también se cuestiona el impacto sobre la figura docente. La reforma diluye el rol del maestro como profesional especializado y lo reemplaza por una lógica donde cualquier persona podría asumir tareas de enseñanza, sin una regulación clara de calidad pedagógica.
En el plano financiero, el proyecto elimina la meta vigente de inversión educativa equivalente al 6% del PBI y promueve un sistema de vales, becas o créditos fiscales para las familias. Este esquema se complementa con la publicación de resultados de evaluaciones nacionales, lo que podría derivar en rankings escolares y profundizar la competencia entre instituciones en un contexto de ajuste fiscal y deterioro salarial del sector público.
Los sindicatos docentes ya expresaron su rechazo. En particular, cuestionan la declaración de la educación como “servicio esencial”, que limitaría el derecho a huelga. Para la Confederación de Trabajadores de la Educación, la reforma responde a intereses corporativos y profundiza la mercantilización del sistema educativo.
Fuente: El País
